COMUNICADO DE LA UIT: DÍA NACIONAL DEL DESAGRAVIO AL PUEBLO TUCUMANO

La institución del 22 de agosto como el día nacional del desagravio al pueblo tucumano obedece, de acuerdo con lo establecido en las normas citadas, al cierre masivo de ingenios azucareros, llevados a cabo en el año 1966 por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. En este marco, la Unión Industrial de Tucumán llama al sector político a diagramar políticas de apoyo al sector para que la industria sucroalcoholera crezca y con ella los puestos de trabajos genuinos que se generan. Es necesario que todos los sectores y sobre todo ahora que estamos en tiempos electorales propongan acciones que favorezcan al norte grande donde ya el azúcar no es solo alimento ñ, también una fuente de energía con mucho potencial, que no es realmente aprovechada y no encuentra aún lineamientos claros para su crecimiento más allá de los denodados esfuerzos del sector privado. Hay propuestas de algunos candidatos que van en desmedro de nuestro sector lo que nos parece llamativo y preocupante, sobre todo cuando se habla de libre mercado, lo que nos dejaría en desigualdad de condiciones con países vecinos que están mucho más avanzados que nosotros. Creemos en nuestro país y por eso, pese a todos los avatares, seguimos apostando por esta Industria que debe y tiene todo para seguir apoyando el crecimiento de nuestro país. 

Jorge Rocchia Ferro
Pte. Unión Industrial de Tucumán

SOBRE LA FECHA 

Fue el 22 de agosto de 1966 que mediante el decreto-ley n° 16.926/66 (publicado el 24 de agosto de ese año en el Boletín Oficial Nº 21010), con el propósito de “encarar la adopción de todas las medidas necesarias para sanear la distorsionada economía de la actividad azucarera que, como pesada carga, afecta a todo el país”, se declaró la intervención amplia y total de los ingenios azucareros denominados Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana, todos situados dentro de los límites de la provincia de Tucumán.
Asimismo, en dicha norma, se instruyó al Ministerio de Economía de la Nación a designar de inmediato interventores, determinándose dentro de sus funciones la de efectuar un inventario completo de su activo y pasivo de las personas o sociedades propietarias de los ingenios azucareros, con intervención de los legítimos propietarios de los ingenios o sus representantes, en salvaguardia de sus derechos patrimoniales.
Respecto de los empleados y obreros, se estableció que deberían prestar servicios en las tareas que se les asigne, indistintamente dentro o fuera de los ingenios, para “obtener los beneficios” determinados en un convenio suscripto con la provincia de Tucumán. Sin embargo, como consecuencia de la medida fueron despedidos 50 mil obreros y la desocupación alcanzó los 15 puntos, obligando a un cuarto de la población de la provincia a emigrar.
El Poder Ejecutivo, desde el dictado de la Ley N° 27.620, se encuentra facultado para disponer la “implementación de actividades específicas que difundan y mantengan la memoria colectiva en relación al hecho en cuestión”.